El Archipiélago canario, debido a su condición insular y de lejanía geográfica de Europa, así como a la escasez de recursos naturales, ha contado con un tratamiento singular tanto en el ámbito administrativo como en el económico y fiscal, desde el siglo XVI tras su incorporación a la Corona de Castilla. Estos derechos se tradujeron en el siglo XIX en un sistema librecambista, con los denominados Puertos Francos; un régimen fiscal basado en la libertad comercial de importación y exportación, en franquicias aduaneras y, además, en la existencia de impuestos locales.
El sistema librecambista de los puertos francos fue evolucionando y las medidas específicas para promover el desarrollo económico y social de las Islas se plasmaron en 1972 en la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.
La Constitución Española de 1978 reconoce la existencia en Canarias de un régimen especial para las islas.
Las Ventajas fiscales y económicas más interesantes en lo referente a esta industria son:
Tarifa Especial del Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías.
Impuesto General Indirecto Canario.
Reserva para inversiones (RIC).
"Zona Especial Canaria" (ZEC).
Configurándose un régimen fiscal especial con baja tributación, que beneficia a todas aquellas empresas que quieran desarrollar su actividad en Canarias.
